Por Argentina sin Juicios por Jurado
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| Si van a juzgar los iletrados, ¿por qué no dejar que también enseñen los iletrados? |
Algunos pocos —muy pocos, quisiera uno creer— profesores de derecho procesal penal se declaran a favor del juicio por jurados, declamando que los jueces que se pronuncian en contra tienen un prejuicio hacia la "participación ciudadana". Según este parecer, los jueces estarían "aterrados" de la participación del pueblo en la administración de justicia, porque serían unos prejuiciosos antipopulares.
Uno se pregunta: ¿qué tiene de malo que los jueces vean con preocupación que una labor técnica y de vital importancia para la vida republicana del país, como lo es la administración de justicia, se ponga en manos de doce personas sin ninguna formación, que no han recibido preparación, con nula práctica, que surgen al azar del padrón electoral y que fallan sin brindar ninguna razón? Más que prejuiciosos, yo diría que son muy "juiciosos". Ser anti-popular es... ¡poner a los ciudadanos en manos de la improvisación judicial!
Yo propongo: ¡Pongamos la enseñanza del derecho procesal penal en manos del pueblo! ¡Echemos a estos petulantes y prejuiciosos profesores que están aferrados a la omnipotencia de sus cátedras y aterrados de que el pueblo participe en la enseñanza nacional! ¿Acaso estas propuestas no serían igual de necias? ¿Desde cuándo la falta de estudios y preparación es un mérito?
El error, en definitiva, es creer que el juzgamiento penal es una labor no técnica, para la cual no se requieren los conocimientos científicos del derecho penal. Esto es una tremenda equivocación. El derecho penal es una genuina y compleja ciencia inaccesible para quienes no la han estudiado.
Cuando en un juicio se valoran hechos, sólo es posible identificar los que son relevantes a través de las herramientas que brinda la teoría del delito. Es imposible separar, en el juzgamiento, hechos y derecho. No es posible juzgar rectamente sin el manejo fluido de la teoría del delito, que desconoce un jurado popular.
Es así como se aprecia a diario una enorme dificultad de los ciudadanos en general (y de los jurados en particular) a la hora de evaluar los hechos y distinguir aquellos que son relevantes, de los que carecen de toda importancia para el juzgamiento.
La correcta valoración de la prueba es una de las labores técnicas más complejas del juzgamiento. La dificultad de la población para valorar prueba es flagrante. La valoración de los hechos requiere un conocimiento técnico sobre lógica inductiva y deductiva, que el grueso de la población desconoce.
En definitiva, los mismos académicos que verían aterrados que los profesores fuesen desplazados de las facultades y reemplazados por completos improvisados en derecho, son los que juzgan de prejuiciosos a los jueces que ven con preocupación que se ponga la administración de la justicia en manos de doce inexpertos a quienes se les obliga a juzgar de modo despótico. Paradójico, ¿no?
Uno se pregunta: ¿qué tiene de malo que los jueces vean con preocupación que una labor técnica y de vital importancia para la vida republicana del país, como lo es la administración de justicia, se ponga en manos de doce personas sin ninguna formación, que no han recibido preparación, con nula práctica, que surgen al azar del padrón electoral y que fallan sin brindar ninguna razón? Más que prejuiciosos, yo diría que son muy "juiciosos". Ser anti-popular es... ¡poner a los ciudadanos en manos de la improvisación judicial!
Yo propongo: ¡Pongamos la enseñanza del derecho procesal penal en manos del pueblo! ¡Echemos a estos petulantes y prejuiciosos profesores que están aferrados a la omnipotencia de sus cátedras y aterrados de que el pueblo participe en la enseñanza nacional! ¿Acaso estas propuestas no serían igual de necias? ¿Desde cuándo la falta de estudios y preparación es un mérito?
El error, en definitiva, es creer que el juzgamiento penal es una labor no técnica, para la cual no se requieren los conocimientos científicos del derecho penal. Esto es una tremenda equivocación. El derecho penal es una genuina y compleja ciencia inaccesible para quienes no la han estudiado.
Cuando en un juicio se valoran hechos, sólo es posible identificar los que son relevantes a través de las herramientas que brinda la teoría del delito. Es imposible separar, en el juzgamiento, hechos y derecho. No es posible juzgar rectamente sin el manejo fluido de la teoría del delito, que desconoce un jurado popular.
Es así como se aprecia a diario una enorme dificultad de los ciudadanos en general (y de los jurados en particular) a la hora de evaluar los hechos y distinguir aquellos que son relevantes, de los que carecen de toda importancia para el juzgamiento.
La correcta valoración de la prueba es una de las labores técnicas más complejas del juzgamiento. La dificultad de la población para valorar prueba es flagrante. La valoración de los hechos requiere un conocimiento técnico sobre lógica inductiva y deductiva, que el grueso de la población desconoce.
En definitiva, los mismos académicos que verían aterrados que los profesores fuesen desplazados de las facultades y reemplazados por completos improvisados en derecho, son los que juzgan de prejuiciosos a los jueces que ven con preocupación que se ponga la administración de la justicia en manos de doce inexpertos a quienes se les obliga a juzgar de modo despótico. Paradójico, ¿no?
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