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Argentina sin Juicios por Jurado

Por el Dr. Carlos P. Pagliere (h.)

Dr. Carlos P. Pagliere (h.)
Director y editor de “Argentina sin Juicios por Jurado
Autor de todos los artículos publicados en el presente sitio web
Juez del Tribunal Oral Criminal N°2 de Azul, Buenos Aires, Argentina
Autor del libro Homicidio insidioso y del tratado Nueva teoría del delito (en 15 tomos)

El sistema de juicio por jurados es el más antidemocrático, antirrepublicano y antiliberal de Occidente. El jurado no es el pueblo ni ha sido elegido por el pueblo: son doce personas surgidas de un sorteo en el padrón electoral. El jurado condena y absuelve arbitrariamente, sin dar ninguna explicación al imputado, a la víctima (o sus familiares) ni a la sociedad en general, lo cual se riñe con la transparencia y racionalidad que deben exhibir los actos de gobierno y lo hace absolutamente inconstitucional. El sistema es primitivo, retrógrado y oscurantista, porque desprecia todo un siglo de moderna ciencia penal para poner el juzgamiento en manos de ciudadanos que, aunque sean muy inteligentes y brillantes en lo suyo, no han sido capacitados para juzgar (y nadie examina su aptitud mental), siendo posible que se le pasen cosas por alto y dicten su veredicto incurriendo en un error judicial. Los miembros del jurado carecen de la experiencia necesaria en los estrados judiciales y resultan más permeables a la manipulación, corriéndose el peligro de que decidan con sentimentalismo, ceguera irracionalidad. El sistema es lento, caro y fracasado en el mundoNo sólo perjudica a la población y perturba la administración de justicia, sino que también discrimina a las víctimas de delitos y puede poner en riesgo la integridad física o psíquica de los miembros del jurado. Los peligros del juicio por jurados son evidentes y sus beneficios un fantasioso mito, por lo que no sorprende que mayormente sean promovidos por procesalistas extremados y divulgadores ingenuos, y normalmente sean rechazados por los abogados, magistrados y juristas más destacados. 
Hoy y siempre: ¡Argentina sin juicios por jurado!

argentinasinjuiciosporjurado@gmail.com
Para empezar:

26/2/16

Una propuesta para la urgente reforma de la ley de juicio por jurados

Por Argentina sin Juicios por Jurado*

Legislatura de la Provincia de Buenos Aires
La Plata - Prov. de Bs. As. - Argentina

El juicio por jurados es el peor de todos los sistemas de juzgamiento penal existentes en el mundo, por lo que el mejor remedio sería derogarlo lo antes posible de la ley procesal penal bonaerense. Pero de mantenerse este procedimiento en la ley, al menos su reglamentación no debería ser discriminatoria para las víctimas (como lo es en la actualidad).

Existe una serie de disposiciones normativas vinculadas al juicio por jurados que reflejan una deliberada discriminación procesal hacia las víctimas, así como privilegios indebidos en cabeza de los imputados de delitos. Ello explica por qué, en proporción, el jurado popular absuelve más que los jueces letrados.

Por el principio de igualdad constitucionalmente consagrado (art. 16, CN) resulta inadmisible que, en aplicación de espurias teorías garanto-abolicionistas del derecho penal o de arbitrarios criterios procesales, se conceda privilegios indebidos a los imputados en desmedro de las víctimas.

Expondremos, a continuación, una serie de reformas legales que aparecen como imperiosas:

REFORMA 1

En la reglamentación vigente el procedimiento de juicio por jurados es decidido unilateral y exclusivamente por el imputado (y la defensa) según sirva o no a su estrategia procesal. Es inadmisible que la fiscalía y la víctima (constituida como particular damnificado) estén excluidas en la decisión sobre la procedencia de este procedimiento y deban subordinarse a la conveniencia de la defensa.

En la actual ley de juicio por jurados, este procedimiento se erige en un privilegio para que el imputado escoja el juzgador que estima que le será más favorable para obtener su impunidad. La concesión de privilegios indebidos a una de las partes, se riñe con los principios básicos de justicia.

Por lo expuesto, sería muy beneficiosa la reforma del art. 22 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires:


ARTÍCULO 22 BIS: (Artículo Incorpo­rado por Ley 14.543) El Tribunal de jurados conocerá en los delitos cuya pena máxima en abstracto exceda de quince (15) años de prisión o reclu­sión o, tratándose de un concurso de delitos, alguno de ellos supere dicho monto. 

En el plazo previsto en el artículo 336, el imputado, personalmente o por in­termedio de su defensor, podrá re­nunciar a la integración del Tribunal con jurados, en cuyo caso el Tribunal se conformará de acuerdo a lo esta­blecido en el artículo 22.

La renuncia deberá ser ratificada por el imputado en presencia del Juez, quien previamente le informará de las consecuencias de su decisión, y verifi­cará si fue adoptada libremente y sin condicionamientos.

Una vez firme la requisitoria de eleva­ción a juicio no podrá renunciarse al juicio por jurados, bajo pena de nuli­dad.

En caso de existir pluralidad de impu­tados, la renuncia de uno de ellos determinará la integración del Tribu­nal de conformidad a lo establecido en el artículo 22.



ARTÍCULO 22 BIS: (Texto según la reforma que se propone) El Tribunal de jurados cono­cerá en los delitos cuya pena máxima en abstracto exceda de quince (15) años de prisión o reclusión o, tratán­dose de un concurso de delitos, al­guno de ellos supere dicho monto. 


El procedimiento de juicio por ju­rados podrá ser solicitado por cualquiera de las partes en el plazo previsto en el art. 336, pero requiere la expresa conformidad del fiscal, del particular dam­nificado, del defensor y del imputado. Si cualquiera de ellos se opusiera, el Tribunal se confor­mará de acuerdo a lo establecido en el artículo 22.

En caso de existir pluralidad de imputados, la oposición de cual­quiera de ellos al juicio por jura­dos determinará la integración del Tribunal de conformidad a lo establecido en el artículo 22.   

REFORMA 2

En la decisión de los jueces letrados se requiere la mayoría de los dos tercios para condenar (2 de los 3 jueces del tribunal). En el juicio por jurados, también se debería exigir los dos tercios de los votos (8 de los 12 jurados) para obtener la condena.

No hay razones valederas para exigir una proporción mayor de votos cuando el que decide es el jurado (la ley actual requiere 10 de los 12, o la unanimidad si la pena es perpetua). Si se parte de la premisa de que el jurado está capacitado para cumplir con la labor que se le encomienda (lo cual presupone la ley de jurados), no debería modificarse la mayoría necesaria para decidir la culpabilidad.

Una mayoría calificada para obtener la condena (como la que prevé la actual legislación) sólo obedece a la voluntad legislativa de otorgar un privilegio en favor del reo que es indebido (tal como lo demuestra la gran cantidad de veredictos de no culpabilidad que se han registrado en la provincia).

Tampoco tiene explicación que para las penas perpetuas la condena deba ser unánime del jurado y no así en las demás penas. El jurado siempre entiende en delitos gravísimos. El error judicial sería catastrófico en cualquier caso y no tiene sentido la existencia de un doble estándar. Este distingo no hace más que otorgar una herramienta extra al imputado para que especule con la elección del juicio por jurados que le da más chances de sustraerse de la pena perpetua.

El procedimiento de “jurado estancado” no hace más que coaccionar a los jurados a que cambien su voto previo (lo cual es espurio y los somete a una vivencia traumática) y crea todo un trámite tan farragoso que puede derivar en la repetición del juicio penal. Por eso sería muy beneficiosa su supresión.

También resulta contrario a los principios de justicia e igualdad de armas en el proceso penal que se obligue al juez para decretar la nulidad del veredicto de culpabilidad cuando resulta manifiestamente contrario a la prueba producida en el proceso, pero le prohíba la nulidad del veredicto de no culpabilidad en el mismo supuesto. Si el veredicto es contrario a la prueba producida en el proceso, corresponde anular el veredicto, sin importar si es de culpabilidad o de no culpabilidad.

Atento lo expuesto, sería muy beneficiosa la reforma de los arts. 371 quáter y 375 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires:


ARTÍCULO 371 QUÁTER: (Artículo In­corporado por Ley 14.543) Veredicto. 

1. El veredicto deberá versar, respecto de cada hecho y de cada acusado, so­bre lo atinente a:

a) La existencia del hecho en que se sustenta la acusación.

b) La eventual participación del o de los imputados en el mismo.

El veredicto de culpabilidad requerirá como mínimo de diez (10) votos afir­mativos sobre las cuestiones plantea­das. Si el delito por el que fuera califi­cado legalmente el hecho en que se sustenta la acusación tuviera prevista pena de prisión o reclusión perpetua, se requerirá unanimidad de votos afirmativos.

Si se resolviera negativamente la pri­mera cuestión, no se tratará la se­gunda.

Salvo lo dispuesto en el apartado 2), la sesión terminará cuando se obtenga un veredicto de culpabilidad, de no culpabilidad o de no culpabilidad por razones de inimputabilidad, los que no podrán incluir ningún otro aditamento o aclaración, y el formulario final será confeccionado, firmado y datado por el presidente en presencia de todo el jurado.

2. Jurado estancado. Cuando no se obtuviere el número de votos requeri­dos respecto a los interrogantes planteados en a) y/o b) del apartado anterior, se debatirá y votará nueva­mente la cuestión hasta tres (3) ve­ces.

De mantenerse la situación, el vere­dicto será de no culpabilidad, salvo que se hubieran obtenido más de ocho (8) votos afirmativos, en cuyo caso el jurado se declarará estancado, y el presidente hará saber tal cir­cunstancia al secretario.

El juez convocará inmediatamente al jurado a la sala de audiencia. Una vez presentes todas las partes, el o los imputados y la totalidad del jurado, el juez comunicará que el jurado se de­claró estancado, y le preguntará al fis­cal si habrá de continuar con el ejerci­cio de la acusación.

En caso negativo, el juez absolverá al acusado, salvo que el ofendido cons­tituido en particular damnificado sos­tenga la acusación que hubiere for­mulado el fiscal en la oportunidad del artículo 334.

En caso afirmativo, el jurado volverá a deliberar y votar las cuestiones. Si el jurado continuase estancado, se pro­cederá a su disolución, y se dispondrá la realización del juicio con otro ju­rado.

Si el nuevo jurado también se decla­rase estancado, el veredicto será de no culpabilidad.



ARTÍCULO 375 BIS: (Artículo Incorporado por Ley 14543) Sentencia en juicio por jurados.

Cuando el juicio se celebre por Tribunal de jurados, la sentencia se ajustará a las normas previstas en este código pero deberá contener el veredicto del jurado y la transcripción de las instrucciones dadas al jurado sobre las disposiciones aplicables al caso.

Si el Juez estimare que el veredicto de culpabilidad resulta manifiestamente contrario a la prueba producida en el proceso procederá por resolución fundada a decretar su nulidad, ordenando la realización de un nuevo debate con otro Tribunal. Su decisión será irrecurrible.

Si correspondiere la imposición de una pena privativa de la libertad de efectivo cumplimiento y hubiere pedido de parte, el juez podrá disponer una medida de coerción, agravar la aplicada o aumentar las condiciones a que se encuentre sometida la libertad del imputado; aún cuando el fallo no se hallare firme y en proporción al aumento verificado de peligro cierto de frustración del proceso.

ARTÍCULO 371 QUÁTER: (Texto según la reforma que se propone) Vere­dicto. 

1. El veredicto deberá versar, respecto de cada hecho y de cada acusado, so­bre lo atinente a:

a) La existencia del hecho en que se sustenta la acusación.

b) La eventual participación del o de los imputados en el mismo.

El veredicto de culpabilidad re­querirá como mínimo de ocho (8) votos afirmativos sobre las cues­tiones planteadas.

Si se resolviera negativamente la pri­mera cuestión, no se tratará la se­gunda.

La sesión de deliberación del ju­rado terminará cuando se ob­tenga un veredicto de culpabili­dad, de no culpabilidad o de no culpabilidad por razones de inim­putabilidad, los que no podrán in­cluir ningún otro aditamento o aclaración, y el formulario final será confeccionado, firmado y datado por el presidente en pre­sencia de todo el jurado.







2. Jurado estancado. Cuando no se obtuviere el número de votos requeri­dos respecto a los interrogantes planteados en a) y/o b) del apartado anterior, se debatirá y votará nueva­mente la cuestión hasta tres (3) ve­ces.

De mantenerse la situación, el vere­dicto será de no culpabilidad, salvo que se hubieran obtenido más de ocho (8) votos afirmativos, en cuyo caso el jurado se declarará estancado, y el presidente hará saber tal cir­cunstancia al secretario.

El juez convocará inmediatamente al jurado a la sala de audiencia. Una vez presentes todas las partes, el o los imputados y la totalidad del jurado, el juez comunicará que el jurado se de­claró estancado, y le preguntará al fis­cal si habrá de continuar con el ejerci­cio de la acusación.

En caso negativo, el juez absolverá al acusado, salvo que el ofendido cons­tituido en particular damnificado sos­tenga la acusación que hubiere for­mulado el fiscal en la oportunidad del artículo 334.

En caso afirmativo, el jurado volverá a deliberar y votar las cuestiones. Si el jurado continuase estancado, se pro­cederá a su disolución, y se dispondrá la realización del juicio con otro ju­rado.

Si el nuevo jurado también se decla­rase estancado, el veredicto será de no culpabilidad
.

(DEROGADO)

ARTÍCULO 375 BIS: (Texto según la reforma que se propone) Sentencia en juicio por jurados.

Cuando el juicio se celebre por Tribunal de jurados, la sentencia se ajustará a las normas previstas en este código pero deberá contener el veredicto del jurado y la transcripción de las instrucciones dadas al jurado sobre las disposiciones aplicables al caso.

Si el Juez estimare que el veredicto del jurado resulta contrario a la prueba producida en el proceso procederá por resolución fundada a decretar su nulidad, ordenando la realización de un nuevo debate con otro Tribunal. Su decisión será irrecurrible.

Si correspondiere la imposición de una pena privativa de la libertad de efectivo cumplimiento y hubiere pedido de parte, el juez podrá disponer una medida de coerción, agravar la aplicada o aumentar las condiciones a que se encuentre sometida la libertad del imputado; aún cuando el fallo no se hallare firme y en proporción al aumento verificado de peligro cierto de frustración del proceso.


REFORMA 3

La ley de juicio por jurados establece una restricción a la recurribilidad del veredicto del jurado. Es lamentable que la decisión más importante del proceso penal, que es el veredicto, no sea revisable, pero la irrecurribilidad va de suyo con el sistema de jurados, ya que es imposible recurrir una decisión que carece de fundamentación.

La ley también ha extendido esta restricción a la sentencia (que a diferencia del veredicto sí es fundada por el juez), pero sólo respecto del fiscal (y particular damnificado), lo cual es un despropósito, ya que dicha facultad sí se admite al imputado. Es decir, tanto la defensa como la fiscalía (y el particular damnificado) deben contar con la posibilidad de hacer revisar la sentencia del jurado.

Por lo expuesto, sería muy beneficiosa la reforma del art. 452 y del art. 371 quáter del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires:

ARTÍCULO 452.- (Texto según Ley 14.543) Recurso del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal po­drá recurrir:


[…]

4. En los supuestos de los artículos 448 y 449.

En el procedimiento de juicio por ju­rados, el Ministerio Público Fiscal ca­rece de legitimación para recurrir.


ARTÍCULO 371 QUÁTER: (Artículo In­corporado por Ley 14543) Veredicto.

[…]

7. Irrecurribilidad. El veredicto del ju­rado es irrecurrible. El recurso contra la sentencia condenatoria o la que im­pone una medida de seguridad, deri­vadas del veredicto de culpabilidad o del de no culpabilidad por razones de inimputabilidad, se regirá por las dis­posiciones de este Código.

La sentencia absolutoria derivada del veredicto de no culpabilidad del jurado es irrecurrible.


ARTÍCULO 452.- (Texto según la reforma que se propone) Recurso del Ministerio Pú­blico Fiscal. El Ministerio Público Fiscal podrá recurrir:

[…]

4. En los supuestos de los artículos 448 y 449.

En el procedimiento de juicio por jurados, el Ministerio Público Fis­cal carece de legitimación para recurrir. (DEROGADO)

ARTÍCULO 371 QUÁTER: (Texto según la reforma que se propone) Vere­dicto.

[…]

7. Recursos. El veredicto del ju­rado es irrecurrible. El recurso contra la sentencia se regirá por las dis­posiciones de este Código.






La sentencia absolutoria derivada del veredicto de no culpabilidad del jurado es irrecurrible.
(DEROGADO)



La ley de juicio por jurados de la provincia de Buenos Aires reclama una urgente reforma legal. Lo mejor, por supuesto, sería su derogación. Pero si no se deroga o hasta tanto ello ocurra, al menos es necesario e imperioso modificar todas aquellas disposiciones que otorgan privilegios al imputado y discriminan a las víctimas.

He dejado expuesta mi humilde propuesta, que se enmarca dentro de un proyecto todavía más amplio que se puede consultar en el siguiente enlace: Proyecto de ley bonaerense para la reivindicación de los derechos de las víctimas.

* Propuesta del Dr. Carlos P. Pagliere (h.)
Juez del Tribunal Oral Criminal N° 2 de Azul
Director y editor de Argentina sin Juicios por Jurado
Autor del libro Homicidio insidioso
Autor del tratado Nueva teoría del delito (en 15 tomos)

25/9/15

No importa que el jurado absuelva o condene: igual habrá fracasado

Por Argentina sin Juicios por Jurado

Primer jurado de la provincia de Buenos Aires (que absolvió sin dar fundamentos)

La corriente del punitivismo irracional” está siempre a la espera de que el jurado condene al imputado. Los promotores del abolicionismo irresponsable”, en la otra vereda, se congratula cada vez que el jurado absuelve. Ello ha suscitado que muchos se pregunten: ¿los veredictos del jurado en la provincia de Buenos Aires serán mayormente condenatorios o absolutorios?

Lo natural sería que los veredictos del jurado sean mayormente absolutorios (de “no culpabilidad”) porque la ley ha discriminado a las víctimas y es siempre el acusado ―y sólo el acusado― quien elige si será juzgado por un tribunal de jurados o un tribunal de jueces letrados. Lógicamente el imputado elegirá ser juzgado por un jurado toda vez que crea que es una estrategia que le conviene (porque espera conmover o manipular al jurado para que no lo condene). Es por esta razón, que el juicio por jurados se ha concebido en la ley procesal bonaerense como una suerte de lotería a favor de la impunidad.

Esta apreciación es avalada por la estadística preliminar existente al día de la fecha 
(12 absoluciones contra 10 condenas), que indica que en la provincia de Buenos Aires la mayoría de los veredictos de los jurados populares han sido absolutorios. Estadística que puede variar, naturalmente, si los encausados equivocan su estrategia defensista y eligen ser juzgados por jurados pensando erróneamente que les habrá de convenir o que, perdido por perdido escojan el jurado porque 
como todos sabemos es menos predecible que el tribunal letrado (y cada tanto emite veredictos inverosímiles).

Pero lo que nunca hay que perder de vista es que lo importante no es cuál sea el veredicto, sino que el veredicto sea justo. No es que el jurado siempre deba condenar (como reclama el 
punitivismo irracional”) o que siempre deba absolver (como festeja el abolicionismo irresponsable”). Ambas posturas son absurdas e insensatas. Es absolutamente irrelevante si el jurado condena más de lo que absuelve, o si absuelve más de lo que condena. Sea que el jurado condene o absuelva, lo único importante es saber si juzga rectamente.

El jurado debe condenar o absolver según sea lo correcto en cada caso. Si tenía que absolver y condena, será una catástrofe, al igual que si tenía que condenar pero absuelve. Y aquí está el gran problema: como el jurado no fundamenta nada, nunca sabremos si su veredicto ha sido o no como debía ser.

El juicio por jurados es un sistema de juzgamiento absolutamente fracasado. Pero su fracaso no depende de si el jurado condena o absuelve. Sea que condene o absuelva, el juicio por jurados nunca dejará de ser un fracaso para la administración de justicia, porque jamás podremos saber ―por falta de fundamentación― lo único verdaderamente importante: si el jurado condenó o absolvió con justicia.

6/7/15

El juicio por jurados es enemigo de la ciencia penal

Por Argentina sin Juicios por Jurado

Grandes penalistas cuya valiosa ciencia penal destruye el juicio por jurados

El derecho penal es una ciencia apasionante y bien compleja que ha ocupado siglos de arduo y fecundo estudio. Es necesario leer cientos de librosestudiar miles de páginas para saber algo de ella, y poco se aprende con la mera lectura del código penal o escuchando un par de instrucciones brindadas por los jueces a los jurados populares.

Los penalistas abordan el estudio de la prolífica y preciada ciencia penal bajo el rótulo de la teoría del delito, que es el análisis científico de los presupuestos fáctico-jurídicos que necesariamente deben concurrir para poder afirmar la existencia de un delito.


El desarrollo de la teoría del delito no ha sido nada sencillo, ya que la ciencia penal es muy sofisticada. Únicamente mediante el invaluable aporte acumulado de un gran número de penalistas eruditos y brillantes ha sido posible arrojar luz sobre una ciencia tan rica, sutil y perfeccionada.


La importancia y utilidad de la ciencia penal es evidente para todo aquél que haya estudiado la teoría del delito. Ella permite no sólo establecer si existe o no un delito en caso en concreto, sino además distinguir los supuestos que aparecen como iguales, pero no lo son. De modo que sin el dominio de la teoría del delito es imposible garantizar un recto juzgamiento.

 
El estudio de la "teoría del delito" ha ocupado miles de páginas (p.ej., la Nueva Teoría del Delito está compuesta de 15 tomos). El juzgador requiere, como mínimo, todo este conocimiento para juzgar rectamente

El juicio por jurados atenta contra la ciencia penal, porque la teoría del delito se transforma en algo inútil (que no conocen los que juzgan) y, de este modo espurio, las formas y los ritos (y no la ciencia penal) es lo único que queda. La justicia penal se convierte en una cáscara sin contenido: es puro proceso.

Es por ello que los especialistas en derecho penal (que reconocen el enorme valor de la teoría del delito) repudian enérgicamente el retrógrado sistema de juzgamiento a través de jurados. Ellos saben que si juzga una persona que carece de los conocimientos y experiencia necesarios, a la larga o a la corta se muere la ciencia penal y, con ella, los beneficios de la civilización.


Esto queda demostrado por el hecho de que no se ha escrito un solo libro sobre teoría del delito en Reino Unido o en EE.UU. En esos países no existe la ciencia penal, precisamente porque fue abortada por el juicio por jurados mucho antes de poder nacer. Las enormes falencias en materia de juzgamiento penal que ha ocasionado el juicio por jurados a estos países debería disuadirnos de importarlo a nuestras tierras.


Toda la cuestión se trata, en última instancia, de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, entre la ciencia y la ignorancia, entre la civilización y la barbarie, entre la razón y la irracionalidad.


Los jueces estudian la teoría del delito para poder impartir justicia mediante el uso de los valiosos conocimientos que brinda la ciencia penal. Así es como el saber se pone al servicio de la justicia. No es otra cosa que el iluminismo en su estado más puro. Es rendir honores al conocimiento. Se trata de la incansable vocación humana de evolucionar a través de la ciencia para lograr cada día una sociedad más sabia, justa y civilizada.


Los jurados, en la vereda opuesta, carecen de la preparación científica y experiencia judicial necesaria. Esa inexperiencia y falta de preparación se pone al servicio de la injusticia. Se trata de oscurantismo puro y del peor. Es el desprecio del conocimiento
Es el retroceso de la ciencia. Es una lamentable involución para la sociedad. Es el fracaso de la civilización.

5/7/15

El juicio por jurados es puro marketing

Por Argentina sin Juicios por Jurado

El juicio por jurados es un pésimo maquillaje para la justicia

Los titulares periodísticos, sobre la base de encuestas realizadas a los jurados bonaerenses, dicen: “Nueve de cada diez personas que participaron en el juicio por jurados cambiaron positivamente su percepción sobre la justicia y la calificaron como buena o muy buena”.

La pregunta obligada es: ¿qué esperaban? ¿Cuántos miembros del jurado habrían ser tan autocríticos como para afirmar, luego de haber sido ellos quienes dictaron el veredicto en un juicio, que la administración de justicia es mala o muy mala?

Los jurados podrán irse muy conformes a sus casas, pero es muy necesario preguntarnos: ¿el juicio penal se realiza para impartir justicia o para conformar a la gente?


El juicio por jurados es puro marketing. Es un maquillaje demagógico concebido para conformar a la ciudadanía. No tiene la finalidad de mejorar la justicia (a la cual se la degrada en extremo) sino la de dar legitimidad a cualquier decisión que se tome (aunque sea aberrante).

Preguntan a los miembros del jurado qué imagen se llevan de la justicia. ¿Acaso preguntan lo mismo al imputado? ¿Qué ocurrirá el día que el jurado popular condene a un inocente como sucedió en España con el caso Wanninkhof? ¿Tendrá alguna importancia para el inocente injustamente condenado que el jurado se lleve una imagen más positiva de la justicia? ¿No es algo perverso que el jurado se lleve una mejor imagen de la justicia precisamente cuando acaba de ejecutar a un inocente?

Preguntan a los miembros del jurado qué imagen se llevan de la justicia. ¿Acaso preguntan lo mismo a la víctima? ¿Qué ocurrirá el día que el jurado popular absuelva a un culpable, siendo que se le niega a la víctima la posibilidad de recurrir el veredicto del jurado¿Tendrá alguna importancia para la víctima privada de justicia que el jurado se lleve una imagen más positiva de la justicia? ¿No es algo perverso que el jurado se lleve una mejor imagen de la justicia precisamente cuando acaba de facilitar la impunidad a un culpable?

Si de víctimas se trata, en la provincia de Neuquén nadie ha preguntado a los familiares de Ailín García qué imagen se llevan de la justicia. Ellos no sólo proclaman que fueron privados de justicia, sino que además nadie los escucha. Tampoco nadie ha preguntado a los familiares del pequeño Rodrigo Gallardo qué imagen se llevan de la justicia. A ellos no sólo le cercenaron la posibilidad de revisar una sentencia absolutoria que consideraban injusta por sospecha de miedo por parte del jurado, sino que además al padre le quedó la amarga sensación de que experimentaron con la muerte de su hijo. Y nadie preguntó a la madre de Mónica Huircaleo qué opina de la justicia, luego de que un jurado popular considerara que Lautaro González, su concubino golpeador, no tuvo intención de matarla cuando le disparó a la cabeza.


En la provincia de Buenos Aires, nadie ha preguntado qué imagen se llevan de la justicia a los familiares de la niña víctima del abuso sexual por el que fue absuelto Nelson Martín Alsina, a pesar de la indignación por el veredicto del jurado. Tampoco a la mamá de la niña supuestamente abusada por el padrastro en Bahía Blanca, quien denuncia que el absuelto compró al jurado.

La demagogia, cuya única preocupación son las encuestas, ha invadido todos los ámbitos. Ahora le tocó el turno a la administración de justicia. El juicio por jurados no ha sido ideado para “afianzar la justicia” como manda el Preámbulo de la Constitución Nacional, sino para contentar a la gente y exhibir una imagen positiva de la justicia, sin importar que el juzgamiento de los delitos sea de peor calidad.

27/4/15

El juicio por jurados discrimina a las víctimas de delitos

Por Argentina sin Juicios por Jurado

El juicio por jurados a espaldas de las víctimas

Los promotores del juicio por jurados se preguntan: ¿puede un juez negar al acusado el juicio por jurados? Para responder a esa interrogante, corresponde previamente hacerse otra pregunta: ¿puede la ley conceder al acusado el privilegio de elegir si quiere o no el juicio por jurados (según su conveniencia), sin importar lo que opine el fiscal y la víctima?

Es de resaltar la flagrante violación constitucional al principio de igualdad (art. 16 de la Constitución Nacional) que exhibe la ley 14.543 de juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires (Argentina), ya que coloca a las víctimas de delito en una marcada situación de desventaja procesal.

Un principio básico de justicia es que absolutamente nadie (ni el acusado, ni la víctima) pueda elegir al juzgador, para no otorgar una ventaja en cabeza de ninguna de las partes. Pero este principio se destruye con la posibilidad que la ley de juicio por jurados bonaerense le brinda al reo (art. 22 bis, C.P.P.B.A.) para elegir quién lo va a juzgar (si un tribunal o un jurado). Privilegio que, cabe destacar, se le niega a la fiscalía y a la víctima (o su representante).

Este privilegio otorgado al encausado (y su defensa) para que elija al juzgador de su preferencia coloca en plano de desigualdad frente a la ley a la fiscalía y la víctima. Se vulnera así el principio de igualdad de armas que debe existir en el proceso penal.

La misma desigualdad ante la ley se aprecia en la facultad que se otorga al juez para anular un veredicto del jurado que aparece como manifiestamente contrario a la prueba producida en el proceso, únicamente cuando éste es condenatorio, pero no cuando es absolutorio (art. 375 bis, C.P.P.B.A.).

De este modo, si el acusado es condenado a espaldas de lo que surge de la prueba, los jueces deben corregir el desatino. Pero si el acusado es absuelto aunque la prueba indique con toda claridad su culpabilidad, los jueces nada pueden hacer.


La afectación del principio de paridad procesal se replica con la facultad recursiva que se le otorga al encausado en caso de veredicto condenatorio del jurado (art. 448 bis inc. “d”, C.P.P.B.A.), la cual se restringe a la fiscalía o a la víctima (o particular damnificado) que no puede recurrir el veredicto absolutorio (art. 453, C.P.P.B.A.).

Sólo basta imaginarse a la víctima abusada sexualmente o a los padres de la víctima asesinada que ven que el jurado absuelve al acusado, sin poder saber por qué (ya que el jurado no explica nada), y encima sin poder hacer nada "porque lo que dice el jurado es sagrado y nadie lo puede cuestionar" (siempre que absuelva, ya que si condena el jurado deja de ser sagrado y el acusado sí puede recurrir su veredicto).

Las garantías constitucionales no están dadas sólo al imputado, sino más ampliamente a toda la sociedad, porque el principio fundamental de la Constitución Nacional es, tal como lo anuncia el Preámbulo: "afianzar la justicia". El acusado y la víctima siempre deberían ser colocados en un plano de igualdad procesal (lo que impone, entre otras cosas, replantear lo decidido en por la CSJN en el caso "Arce" hace casi dos décadas respecto de las facultades recursivas de las víctimas).

En todo proceso penal corresponde brindar "igualdad de armas" y no privilegios hacia alguna de las partesLa ley de juicio por jurados bonaerense aparece concediendo privilegios al acusado, a la vez que discrimina a las víctimas de delitos (y sus familiares).

Por todo lo expresado, dejo a consideración de los poderes del Estado provincial un humilde proyecto de reforma legislativa, que expongo en el siguiente enlace: Una propuesta para la urgente reforma de la ley de juicio por jurados.

25/4/15

Peligro para la integridad física y psíquica de los jurados

Por Argentina sin Juicios por Jurado

Film que trata sobre la coacción a un miembro del jurado

La integridad física y psíquica de los jurados es una cuestión que siempre se descuida. En el afán de implementar el demagógico sistema de juicio por jurados, no se evalúa de modo serio el impacto que habrá de producir el mismo sobre los futuros miembros del jurado.

Una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos que son o pueden llegar a ser candidatos a actuar como jurados es la seguridad personal. A quienes se los obliga a actuar como jurados temen que el imputado (y sus familiares) o las víctimas (y sus familiares) tomen represalias.

Para la ciudadanía la propia seguridad (y la de sus seres queridos) es un tema principal. La mayor reticencia de la población a participar como jurados es, sin duda, por este motivo. Los ciudadanos, que frecuentemente han sido víctimas de hechos de inseguridad, temen también ser víctimas de alguna revancha motivada en el veredicto que dicten al actuar como jurados en un juicio criminal.

No se trata, por cierto, de una cuestión menor, porque la falta de seguridad personal puede influir en el veredicto del jurado y volcar indebidamente el juzgamiento hacia una condena o absolución, aunque sean contrarios a la prueba producida. Un jurado coaccionado, ante la perspectiva de sufrir represalias, tal vez se incline por un veredicto injusto

Tampoco es menor el peligro que se corre de victimizar a los jurados al obligarlos a juzgar en causas criminales. Ni tampoco es infundado el miedo de los ciudadanos a ser jurados. Hay que reconocer que los miembros del jurado son personas más vulnerables a las agresiones físicas y verbales. Y lo son por muchos factores que no siempre se tienen cuenta.

En primer lugar, los jurados son personas físicamente más vulnerables que los jueces. Los jueces no son tan numerosos e intervienen en muchos procesos, lo cual hace posible su custodia, incluso por tiempos prolongados. Además, su número limitado permite desplegar investigaciones a los fines de dar con los autores de las amenazas y así hacer cesar la situación anómala.

Distinto es el caso de los jurados. Es prácticamente imposible garantizar la integridad física de todas las personas que actúan como jurados. En un solo juicio tenemos a 12 personas a las cuales potencialmente se debería proteger. Y por cada siguiente juicio criminal serían otras 12 personas diferentes. Las fuerzas policiales no darían abasto para garantizar la integridad física y psíquica de todos los jurados y sus familiares.

En segundo lugar, los jurados son personas psíquicamente más vulnerables que los jueces. Los jueces están habituados al trato con los malvivientes. En más de una ocasión han recibido insultos o amenazas por parte de ellos o sus familiares, pero saben que tienen la autoridad para hacer cesar tales actos y los recursos para garantizar la propia seguridad, lo cual les brinda una mayor tranquilidad psíquica.

En el caso de los jurados, para ellos toda la situación es nueva. No están acostumbrados a los insultos ni las amenazas, y tampoco tienen la autoridad ni los recursos para poder sobrellevar la situación. Es muy grande la presión que ejerce sobre los jurados la coacción del imputado (y sus familiares) o de la víctima (y sus familiares).

Tampoco es menor el peso de la responsabilidad que implica juzgar a una persona (que la mayoría de los jurados no sabe sobrellevar). Un juicio es muchas veces un evento traumático para los jurados, que no saben bien cómo afrontar una situación sobre la que no tienen control y que es absolutamente inesperada. «Es un shock y el shock produce trauma», advierte la psicóloga social e investigadora de la Universidad de la Coruña Adina Dumitru. «El participar, incluso aunque solo sea como testigo, de eventos tan dramáticos y horrendos siempre deja una huella y, al menos momentáneamente, trastorna», añade. Provocan con frecuencia que durante los días que se celebra la vista oral los jurados padecen insomnio o problemas gástricos. Estudios en EE.UU. señalan que en sus casos más extremos pueden llegar incluso a las fobias».

Por último, los jurados son personas funcionalmente más vulnerables que los jueces. El cargo funcional brinda cierta protección a los jueces. Los imputados (y sus familiares) y las víctimas (y sus familiares) actúan con mayor respeto ante su investidura. Saben que si el juez recibe una intimidación psíquica o física, tiene la autoridad y los recursos para perseguir y hacer cesar tales inconductas.

Los jurados, por el contrario, carecen de algún cargo funcional que actúe de escudo contra los prepotentes. Y también carecen de la autoridad y los recursos para poner freno a la intimidación y las represalias. El imputado (y sus familiares) y la víctima (y sus familiares) saben que no es lo mismo coaccionar a un juez que a un vecino cualquiera. Y los frenos a estas inconductas son, por ende, mucho menores.

Los gobernantes que han impuesto a los ciudadanos la obligación de impartir justicia, no debieran desentenderse de su integridad física y psíquica. Los jurados habrán de afrontar los peligros inherentes a la obligación legal a la que han sido sometidos, y merecen que se les brinde la protección física y psíquica adecuada.

Es presumible que el sistema de juicio por jurados habrá de provocar una mayor cantidad de víctimas de juzgamientos erróneos (los errores judiciales se han multiplicado en todos los países en que se ha aplicado este sistema). Sería muy bueno tomar todas las medidas de seguridad adecuadas para evitar que ―además de perjudicar a los justiciables― se ponga en peligro la integridad física y psíquica de los jurados.

Máxime cuando ya han ocurrido casos comprobados de jurados en peligro. En Argentina se registra un caso en Córdoba en el proceso seguido contra Leandro Funes y otro muy reciente en Neuquén en el caso en el que Andrés Cahimpán fue acusado del homicidio de Rodolfo Oscar Barría. Los jurados también han sufrido amenazas y otros eventos traumáticos en España, en Nicaragua, en Panamá y en El Salvador.

También hay casos comprobados de juicios condicionados por el miedo. En Argentina tenemos un muy reciente ejemplo en Neuquén en el caso del homicidio del pequeño Rodrigo Gallardo y en España es célebre el caso seguido contra Mikel Otegi, miembro de E.T.A., que tuvo en vilo al jurado durante todo el juicio. Los casos más graves se han producido en Panamá, donde el temor ha influido en más de un veredicto.

En todos los casos tomamos ejemplos de países de habla hispana y en los que el juicio por jurados es relativamente reciente. En los países de tradición juradista, como Reino Unido y EE.UU., sería totalmente imposible recolectar la inmensa cantidad de casos en que los jurados han padecido situaciones de peligro para sus personas.

El juicio por jurados introduce serias amenazas y situaciones traumáticas a los miembros de los jurados populares. ¿Cuál sería la medida más efectiva para garantizar la integridad física y psíquica de los jurados? Sin lugar a dudas: suprimir el juicio por jurados.

22/4/15

Mitos y verdades sobre los juicios por jurado

Por Argentina sin Juicios por Jurado

Desmitificando las mentiras de los "juradistas"

El juicio por jurados es promovido por sus partidarios a través de enunciados falaces que carecen de todo correlato con la realidad: verdaderos slogans fabricados para sostener el mito de un sistema de enjuiciamiento fracasado, perverso e irracional.

Mito: El juicio por jurados es el sistema más democrático.

Verdad: Los miembros del jurado no son el pueblo ni han sido elegidos por el pueblo. De hecho, es el sistema más anti-democrático que existe. Nadie sortea a las personas que lo habrán de representar, porque eso no es democracia: es la tiranía del azar. Un presidente sorteado, si resulta neonazi, perseguirá a los judíos, a los extranjeros, a los "cabecitas negras". Un legislador sorteado, si es un fanático religioso y homofóbico, reprimirá la herejía y la homosexualidad. Un jurado sorteado, si es perverso, apocado o inmoral, absolverá a un culpable o condenará a un inocente.

Mito: El juicio por jurados permite la participación ciudadana.

Verdad: Se confunde la participación ciudadana con el descontrol ciudadano. ¿Usted designaría presidente por sorteo en el padrón electoral? ¿Usted dejaría la administración de los hospitales del país en manos una persona sorteada en el padrón electoral? ¿Usted daría el presupuesto anual de obras públicas a una persona escogida por sorteo en el padrón electoral para que lo administre? Descontrol ciudadano no es lo mismo que participación ciudadana.

Mito: La intervención de la población en los jurados es una escuela que enseña a la ciudadanía.

Verdad: El ámbito para aprender son los colegios y las universidades, y no los estrados judiciales. Doce personas dentro de un quirófano no aprenden medicina, sino que ejecutan un paciente. Doce personas en un estrado no aprenden derecho, sino que ejecutan al imputado o a la víctima. El juicio por jurados es una pésima escuela para la población, porque es la escuela de la ignorancia, la arbitrariedad, la irresponsabilidad y la injusticia. Una mejor enseñanza para la población creo que sería que el saber es una virtud y quien desee intervenir directamente en la res publica debe estudiar mucho y especializarse.

Mito: El juicio por jurado es el mejor sistema de juzgamiento.

Verdad: El juicio por jurado en el proceso penal es un sistema fracasado en todo el mundo. No funciona ni siquiera en Gran Bretaña y EE.UU, donde apenas entre un 1% y un 3% de las causas se juzgan a través de jurados. Además, en EE.UU. se contabilizan más de 100 condenas erróneas por año por culpa de los jurados. Es un sistema fracasado en Argentina, ya que en Córdoba sólo un 2% de las causas se juzgan por jurados. Es un sistema fracasado en España, donde ya quieren deshacerse de ellos, y ha ocasionado errores judiciales graves, como el caso Wanninkhof

Mito: Un jurado está tan capacitado como un juez para impartir justicia.

Verdad: La población no es académica, y sólo podría tener un buen desempeño en casos simples. Donde la cuestión se complica, un jurado normalmente no entiende la prueba que se expone, no logra hilar un razonamiento con otro, no sabe distinguir lo principal de lo accesorio, no puede fallar rectamente. Los jurados, por su falta de hábito, de tiempo y de responsabilidad, por su inexperiencia en estas materias, y por los negocios y obligaciones diferentes que los tienen preocupados, no se hallan por lo común en estado de examinar y resolver las graves dificultades que ocurren en los juicios, ni de meditar sobre el valor de las pruebas, ni de prestar una atención sostenida en los debates, viéndose por lo tanto en el peligro permanente de caer en errores lamentables.

Mito: El jurado nunca se equivoca.

Verdad: Uno que no sabe sobre alguna materia, es normal que se equivoque. Doce que no saben (el jurado) sobre la ciencia penal, también es normal que se equivoquen. Ciertamente no es fácil establecer en el caso si el jurado se ha equivocado o no, porque el jurado no fundamenta su decisión (condena o absuelve porque sí) y, a diferencia de la medicina, que expone el error con el paciente muerto, el derecho penal expone el error con un imputado que clama su inocencia o una víctima que reclama justicia, a los que nadie escucha ni da respuestas.

Mito: El jurado resuelve sobre los hechos y no sobre derecho, por lo que no hace falta que sean juristas.

Verdad: Para saber si hubo legítima defensa, se debe saber cuáles son los requisitos fáctico-jurídicos para que ella exista (p.ej. agresión ilegítima). El jurado que no sabe (ni se le puede enseñar en unos minutos), no puede resolver sobre si esos extremos fáctico-jurídicos concurren o no en el caso. Lo mismo se aplica a todos los verbos típicos y a todas las circunstancias agravantes o atenuantes, ya que los tipos penales hacen una selección de los hechos que son relevantes para el juzgamiento, que son conocidos por los juristas, pero ignorados por los legos. Si el jurado sólo entiende sobre hechos, entonces ¿por qué se excluyen a los abogados del jurado? Conclusión: no es posible valorar hechos, sin valorar derecho.

Mito: El juicio por jurados es el sistema más progresista y moderno.

Verdad: El juicio por jurado es el sistema más retrógrado y primitivo. Las constituciones de EE.UU. y Argentina (de fines del siglo XVIII y mediados del siglo XIX) establecían juicios por jurado en épocas donde tampoco había un acabado desarrollo de la ciencia penal (en el siglo XIX el desarrollo era mayor, lo que explica que en Argentina finalmente nunca se haya aplicado el sistema). En esa misma época, también era lo mismo poner la atención de un paciente en manos de un médico o de una persona común, ya que la ciencia médica era un conjunto de prácticas supersticiosas (se creía que el cuerpo estaba dominado por los "humores" cuyo desequilibrio producía las enfermedades). Actualmente, poner un paciente en manos de un lego es completamente absurdo, dado el avance de la ciencia médica. Igual de absurdo es poner a un imputado en manos de legos, ya que la ciencia penal ha logrado  avances científicos tan significativos como los de la medicina. Hacer juzgar a gente inexperta, en lugar de los jueces doctos, no es modernidad ni progresismo: es liso y llano oscurantismo.

Mito: Si cualquiera puede ir a la guerra, también cualquiera puede integrar un jurado.

Verdad: No es cierto que cualquiera pueda ir a la guerra. Ir a la guerra debe quedar en manos de profesionales, debiéndose evitar involucrar a civiles en temas militares. El resultado de enviar soldados no profesionales a la guerra es el mismo que poner el juzgamiento en manos de personas no versadas en derecho: se combate mal y se juzga mal. Actualmente hay servicio militar profesionalizado, que es lo que debe ocurrir. Si en el pasado reciente se enviaron civiles a pelear, cúlpese a la necedad de quienes tomaron esa decisión. Incluso antes de enviar un recluta a la guerra, se lo entrenaba (deficientemente) con una conscripción que duraba alrededor de uno o dos años. En cambio, las instrucciones al jurado ¿cuánto duran? ¿diez minutos? Los civiles no deben ir a la guerra, porque no están preparados ni capacitados para las contiendas modernas. La población en general no debe juzgar, porque no está capacitada para hacerlo. Ni cualquiera puede ir a la guerra, ni cualquiera puede juzgar.

Mito: Si cualquiera puede votar, también cualquiera puede integrar un jurado.

Verdad: Hay una notable diferencia entre votar y juzgar. Cualquier persona de recto juicio intelectual lo puede apreciar. El Estado no es mío, suyo, ni del vecino, sino que es de todos, por lo que resulta razonable que a través del voto, todos decidamos el destino del Estado. Es cierto que todos somos más o menos ignorantes en las cuestiones que hacen al mejor gobierno, pero si nos equivocamos ―que es lo que frecuentemente ocurre― no nos podemos quejar: todos decidimos sobre lo de todos, y nadie puede alegar su propia torpeza. Pero la libertad del reo no es mía, suya, del vecino, ni de nadie más salvo del imputado. Y los derechos de la víctima tampoco son míos, suyos, del vecino, ni de nadie más que de la víctima. No decidimos sobre lo de todos, sino sobre la vida y libertad del acusado y sobre los derechos de la víctima. Nuestra equivocación habrá de padecerla otro, que tranquilamente puede alegar en su descargo nuestra torpeza, la cual no le es en nada imputable. El encausado y la víctima tienen derecho a que juzgue alguien que sabe de justicia y el Estado tiene la obligación de poner el juzgamiento en manos de personas letradas, adiestradas y expertas.

Mito: Si alguien puede criar a sus hijos, también puede ser jurado.

Verdad: Hay una diferencia notable entre criar hijos y juzgar. La crianza de un niño se vincula con el afecto que debe recibir el niño, siendo los padres las personas en mejor posición para brindarlo. El juzgamiento de las personas no es una actividad meramente emotiva, sino que es primordialmente intelectual. Téngase en cuenta que en la crianza de un hijo, cuando los padres requieren conocimientos especiales, pueden recurrir a la ayuda externa (p.ej., pediatras, escuela, psicólogos, profesores particulares, etc.), mientras que el jurado no puede suplir su falta de capacitación con nadie. La crianza y el juzgamiento son actividades de muy distinta índole. Un excelente padre o madre puede ser un pésimo juez, porque el amor que requiere la paternidad no cumple un papel preponderante en la judicatura.

Mito: Los juicios por jurados evitan que "los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra".

Verdad: El juicio por jurados es extremadamente lento y hace posible una mayor cantidad de excarcelaciones de delincuentes que, por la mora judicial, no alcanzan una sentencia firme. El juicio por jurados, tal como se implementa en el país, promueve la impunidad. Ningún "juradista" jamás ha propuesto resolver las excarcelaciones y las libertades condicionales a través de jurados populares. ¿Acaso será que no creen que "el pueblo" esté capacitado para resolver sobre la libertad de los delincuentes?

Mito: La "corporación judicial" le tiene miedo a los juicios por jurado.


Verdad: Lejos de tenerle miedo, lo triste y cierto es que los proyectos de juicio por jurados han siendo promovidos y avalados por los Colegios de Magistrados provinciales, por algunos de los jueces de los tribunales superiores de cada provincia y por ciertos magistrados (jueces, fiscales y defensores) interesados en su implementación. Los mayores reparos a la implementación de los juicios por jurado surgen, aunque usted no lo crea, por fuera de la "familia judicial".

Suma Verdad: Es hora de replantearse la necesidad de implementar el juicio por jurados. Se desinforma a la población prometiéndole un sistema de juzgamiento superador y progresista. La verdad es que el juicio por jurados es lento, caro, antidemocrático, oscurantista, proclive al error judicial y ha fracasado en todo el mundo.

21/4/15

El juicio por jurados es totalmente antidemocrático

Por Argentina sin Juicios por Jurado

"Elección" de los jurados
 
Uno de los latiguillos favoritos de los promotores de los juicios por jurado es que “democratizan” la justicia. Es precisamente el argumento más falaz de todos. El jurado no es democrático en lo más mínimo: el sistema de juicios por jurado no es tolerado por ningún Estado verdaderamente democrático.

La democracia es el gobierno de la mayoría de los ciudadanos (el pueblo), sea por sí mismo o a través de sus representantes elegidos por voto ciudadano. Por el contrario: el jurado no representa directa ni indirectamente al pueblo.

Cuando elegimos presidente, gobernador, diputados y senadores, votamos todos los ciudadanos y se nombran los candidatos que la mayoría ha escogido. En cambio, a los miembros del jurado no los elige nadie. Ellos surgen de un sorteo realizado entre los integrantes del padrón electoral.

Los promotores de los juicios por jurado explican: “no hace falta que a los jurados los elija el pueblo, porque ellos son el pueblo”. Suena muy convincente, pero es difícil concebir un sofisma más burdo y descarado.

Imaginemos que al presidente de la Nación se lo designara por sorteo dentro del padrón electoral. ¿Alguien se podría sentir representado? ¿Y si el presidente sorteado fuera perverso, inmoral, incapazapocado? ¿Habría que aceptar que la persona sorteada “es el pueblo”? Pues no.

A nadie se le ocurriría tampoco designar diputados por sorteo, ni senadores por sorteo, ni intendentes por sorteo. La razón es muy sencilla: “el pueblo” no es usted, ni yo, ni nuestro vecino, ni un ciudadano obtenido al azar en el padrón electoral, sino que es el conjunto de los ciudadanos.

A través del voto popular, el conjunto de los ciudadanos elegimos a la persona que nos habrá de representar. La elegimos conforme sus pensamientos y proyectos, y en la medida en que coincidan con los de la sociedad. Por el contrario, doce personas surgidas de un sorteo no es el pueblo, ni “representan” a nadie. Tan sólo son doce personas que expresan su voluntad, aunque sea contraria a la del pueblo.

Un sorteo en el padrón electoral no es una “elección”, porque nadie elige nada. La persona sorteada puede ser un filonazi, un anarquista, un abolicionista del derecho penal, un perverso, un mentecato o un inmoral. ¿Cómo es posible sostener que es democrático un jurado que puede expresarse en contra de los valores del pueblo?

Sin ser tan extremos: ¿Quién se sentiría representado por el vecino que hace disturbios hasta cualquier hora con la música a todo volumen y no deja dormir a nadie? ¿
Quién se sentiría representado por el empleado público que maltrata a la gente? ¿Quién se sentiría representado por el drogadicto de la esquina? ¿Quién se sentiría representado por el que estaciona en el espacio de discapacitados sin serlo? ¿Quién se sentiría representado por el que arroja su basura en la puerta de tu casa? ¿Quién se sentiría representado por el comerciante que se aprovecha de los ancianos y les cobra de más?

Todos estos individuos y muchos más están en el padrón electoral y pueden ser los jueces del mañana. El juicio por jurados presume que todos ellos nos representan. Presume que dejamos nuestra vida y libertad en sus manos. Presume que estas personas son honorables y tienen derecho a decidir sobre la vida y libertad tuya y de los demás.

No creo que estas personas representen a nadie. No parece lógico ni razonable que se ponga en manos de estas personas la vida y libertad de la población. Tampoco creo que tengan capacitación suficiente para juzgar rectamente, conforme los valores de la sociedad.

Queda así expuesta la falacia de los promotores de los juicios por jurado: el jurado no es el pueblo, ni ha sido elegido por el pueblo. Son doce personas cualquiera que las escoge el azar, y no el pueblo. Es la “dictadura del azar”, porque se echa a la suerte el destino del imputado y la víctima.


Tampoco es un argumento favorable los pretendidos beneficios de la “participación popular”. Algunos doctrinarios de la posmodernidad pretenden que la democracia no se asimila a la elección de representantes por parte de la mayoría (elecciones) o a la manifestación directa de la mayoría (plebiscito), sino que basta con la mera “participación popular”. Es evidente el desconcepto y desnaturalización de lo que es la democracia. Una manifestación violenta es acto con “participación popular” y no tiene nada de democrática. En un linchamiento en la vía pública también hay “participación popular”, pero de democrático no tiene nada. Ergo, la participación popular y la democracia no son conceptos asimilables entre sí.

Mientras que los jurados se riñen con el sistema democrático, los jueces sí son designados democráticamente. En su elección intervienen: a) el Consejo de la Magistratura (nacional o provincial), que tiene representación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial (y de otras instituciones públicas); b) la Honorable Cámara de Senadores (de la Nación o las provincias), que sesiona y presta su acuerdo, y c) el Poder Ejecutivo (presidente o gobernador) que hace el pedido de acuerdo al Senado y suscribe el decreto de designación. Es decir, aunque no sean elegidos directamente por voto popular, sí son elegidos por los legítimos representantes del pueblo.

No sólo es absolutamente falso el argumento de que el juicio por jurado “democratiza” la justicia, sino que además el juicio por jurado es un sistema absolutamente tiránico. Es un sistema que consagra el gobierno de la arbitrariedad.

Cuando decimos que alguien es tiránico, ¿cómo nos imaginamos a esa persona? Si la imaginamos como alguien caprichoso y arbitrario, que decide sobre lo de los demás “porque sí”, sin explicar por qué, estaríamos describiendo cabalmente el modo en que la ley obliga a actuar al jurado.


¿Qué diríamos de un padre que castiga a su hijo “porque sí”, sin decirle por qué? El niño recibe una paliza y al preguntar “¿qué hice?”, el padre ni le contesta. ¿Diríamos que es buen padre? No creo. Más bien todos diríamos que es un padre tirano, déspota ¿no? Bueno, eso es lo que hace el jurado: condena “porque sí”, sin explicar a nadie por qué.

No hay que dejarse deslumbrar por discursos engañosos: el sistema de juicios por jurado no “democratiza” nada. Todo lo contrario: el juicio por jurado tiraniza la justicia penal, quedando la justicia penal en manos de doce déspotas.

20/4/15

Oscurantista es la legislación y la promoción del juicio por jurados

Por Argentina sin Juicios por Jurado

El juicio por jurados es oscurantista y medieval
(Galileo juzgado por la Inquisición)

El sistema de juzgamiento de juicio por jurados es el más oscurantista de Occidente. Cuando hablamos de oscurantismo, naturalmente nos referimos a la segunda acepción del término: “Defensa de ideas o actitudes irracionales o retrógradas”. Ello así porque la deliberación secreta, a puertas cerradas y sin fundamentación de un jurado que carece de experiencia judicial y de conocimiento de la ciencia penal, promueve y favorece la irracionalidad, a la vez que nos retrotrae a prácticas retrógradas en tiempos oscuros del proceso penal.

Muchas veces se me pregunta: ¿acaso no es petulancia y presunción creer que sólo los jueces son capaces de juzgar rectamente? ¿Acaso los jueces se creen seres superiores a los demás? Mi respuesta, naturalmente, es negativa. Los jueces no son superiores a nadie, pero hay que reconocer que cuentan con mejores herramientas técnicas y jurídicas para juzgar.

Mirémoslo de este modo: Si el juez le dijera al médico que es un ignorante, que sabe curar mejor que él, y le discute sobre su diagnóstico, ¿quién sería el petulante: el médico que habla de su ciencia o el juez que habla de oído? Yo creo que el juez. Si el juez le dijera a su mecánico que no sabe nada de reparación de autos y que se equivoca sobre la avería del vehículo, ¿quién sería el petulante: el mecánico que habla de su oficio o el juez que habla por hablar? Nuevamente, creo que el petulante sería el juez. Entonces, cuando el juez afirma ―en base al dominio de la práctica y ciencia penal― que está mejor capacitado y preparado para juzgar que el médico y el mecánico, nadie podría decir que el petulante es el juez.

Petulancia y presunción es pensar que uno puede hacer mejor la labor técnica que es ajena a nuestra especialización. Ni el juez sabe reparar un auto mejor que el mecánico, ni el mecánico sabe curar mejor que el médico, ni el médico sabe juzgar mejor que el juez. “Zapatero a sus zapatos”, dice un viejo refrán. Colocar tareas que requieren experiencia y conocimientos en manos de personas sin experiencia ni conocimientos, eso es lo que aparece como oscurantista.

También es oscurantista condenar de por vida a una persona sin decirle por qué, o absolverla sin decirle por qué a la víctima. Y más aún cuando a las víctimas ni siquiera se les permite decidir si el juicio será o no por jurados (que es un privilegio del que sólo goza el acusado), ni tampoco se les permite cuestionar esa absolución (que es irrecurrible), en flagrante discriminación a las víctimas.

Ahora bien, los oscurantistas no son los miembros del jurado. Ellos probablemente sean personas muy inteligentes y lúcidas en lo que hace a su trabajo, oficio u ocupación. Oscurantista es la legislación. Ella obliga a juzgar a ciudadanos que podrán ser muy inteligentes y capaces en lo suyo, pero que no tienen ningún conocimiento de la ciencia penal ni experiencia en la labor de juzgar. Oscurantista es la promoción del juicio por jurados, que procura instalar un sistema de juzgamiento que es retrógrado y favorece la irracionalidad