4/6/19

Crónica de un fracaso anunciado

Por Argentina sin Juicios por Jurado

Suprema Corte de Justicia
Provincia de Buenos Aires
Argentina

La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires (SCJBA), a través de la resolución 1101/19 del 29/5/19, reclamó al Ministerio de Justicia bonaerense que «en forma urgente» depure las listas de candidatos para integrar los juicios por jurados porque «en los últimos años se han detectado serias dificultades en las instancias preparatorias de los debates a realizarse, que incluso imposibilitaron que se lleven a cabo las audiencias previstas».

Los inconvenientes que motivan la queja de la SCJBA no son novedosos. Desde el primer día en que se sancionó la abominable ley de juicio por jurados N°14.543 (en el año 2013) ya existía el problema. Pero como el juicio por jurados era –y sigue siendo– la "última moda", todos prefirieron mirar hacia otro lado.

La propia SCJBA involuntariamente contribuyó a encubrir la gravedad de la situación. Como a lo largo de todos estos años sólo publicó en su página web las audiencias de jurados que se realizaban, sin incluir en la estadística las que se frustraban, dio la falsa sensación pública de que el juicio por jurados era un éxito en la provincia de Buenos Aires.

Ello dio pábulo a que las corporaciones pro-juradistas y el periodismo hablaran sobre las "maravillas" del juicio por jurados y dieran a luz estadísticas falsas y encuestas mentirosas, a contramano del fracaso cotidiano que enfrentaban los tribunales orales en toda la provincia.

Fracaso que nos cansamos de anunciar y denunciar, porque una provincia (y un país) que carece de un padrón electoral depurado y actualizado mal puede implementar el sistema de juicio en cabeza de jurados populares, cuya convocatoria depende pura y exclusivamente de la exactitud del padrón.

La primera denuncia sobre el tema como no podía ser de otro modo– se publicó en este blog el 25 de junio de 2017 (hace dos años)Aquí está el enlace: Ya colapsó el juicio por juradosPero el problema no nació en el 2017. Se trata de un fracaso estructural previsible que la legislatura bonaerense subestimó desde el primer día.

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