1/6/17

La falta de legitimidad del jurado

Por Argentina sin Juicios por Jurado

La crisis de legitimidad del jurado reflejada en una estadística periodística

Uno de los argumentos más invocados para justificar la implementación del juicio por jurados es que la decisión de doce ciudadanos en materia penal brindaría mayor legitimidad a la justicia. Sin embargo, es precisamente la falta de legitimidad lo que caracteriza al jurado.

La legitimidad está vinculada a la idoneidad personal, prestigio profesional y preparación intelectual de quien toma la decisión judicial. Lo que permite es una mayor y más madura aceptación social de las decisiones judiciales.

La primer fuente de legitimidad de las decisiones está dada por la representatividad democrática. Es decir, la sociedad considera legítimas las decisiones tomadas por aquellas personas que representan a la población (p.ej., el presidente elegido por voto popular).

El problema es que el jurado no representa al pueblo, ya que sus miembros no han sido elegidos por nadie. Nadie los vota. Nadie los testea. Nadie los conoce hasta que empiezan a intervenir en el proceso penal. El jurado puede ser el mismo vecino que arroja la basura en la vereda ajena; que utiliza indebidamente los estacionamientos para discapacitados; que hace ruidos molestos hasta altas horas de la noche.

Quienes promueven el juicio por jurados argumentan que no importa que el jurado no sea elegido por el pueblo, porque el jurado mismo es el "pueblo" y, a diferencia de los jueces (que no son el pueblo), la decisión del jurado posee legitimación democrática. Tal afirmación es un sofisma descarado.

El jurado no es el "pueblo", sino que son doce ciudadanos surgidos al azar en el padrón electoral. Sus decisiones pueden coincidir con los valores sociales de la república o ser absolutamente contrarios, por que nadie los elige, porque carecen de conocimientos, preparación, experiencia o formación.

Si el jurado fuese el "pueblo", bastaría con sortear a doce ciudadanos del padrón electoral para ellos solos elijan al presidente de la Nación. O a estos doce sorteados le podríamos otorgar la potestad de legislar. Pero nadie aceptaría semejantes disparates, precisamente porque todos sabemos que doce personas surgidas al azar del padrón electoral no son el "pueblo".

El "pueblo", a fin de cuentas, es una abstracción que alude a la mayoría de la voluntad popular (el 50% más uno de los votos). Y es evidente que el jurado no es la mayoría de la voluntad popular (sino que son doce individuos cualquiera surgidos de un sorteo).

El jurado ni siquiera estadísticamente puede representar esa voluntad popular, ya que en la decisión de un solo jurado suele determinar la decisión judicial final (p.ej., en el delito de homicidio calificado sólo se puede condenar con el voto unánime de los doce jurados).

La otra fuente de legitimidad de las decisiones la brinda la autoridad técnica. Es decir, las personas estiman legítimas las decisiones tomadas por las personas que tienen conocimientos sobre una materia, que han acumulado experiencia, que han sido formadas para decidir.

El jurado carece de esta legitimidad. Los doce miembros del jurado se caracterizan por adolecer de todo conocimiento jurídico-penal. Son doce personas que no se las elige por sus capacidades, sino que surgen del azar. La persona más insensata del jurado es la que, a fin de cuentas, va a tomar la decisión final (recordemos que en los delitos con prisión perpetua un solo jurado decide la absolución del imputado).

Es por estas razones que, cuando las decisiones del jurado son resistidas por la opinión pública, la reacción popular es mucho más airada, más extrema. La población se indigna al saber que una decisión judicial ha sido tomada por doce perfectos extraños que carecen de toda cualidad o capacidad demostrable para juzgar.

Por último, la última fuente de legitimidad la brinda la racionalidad de las decisiones. Es decir, un fallo que es razonado y lógico, que al ser leído permite evaluar la decisión judicial, hace que el mismo sea legítimo.

El problema es que, a diferencia de los jueces, que brindan un fallo fundado, los jurados dictan su veredicto de forma infundada, arbitraria, despótica. Nunca nadie jamás puede saber qué evaluó un jurado al tomar su decisión. No es posible saber si el fallo es producto de la estupidez más supina, o de prejuicios, o de defectos de razonamientos, o de arrebatos intelectuales, o de presiones mediáticas, o de miedo, etcétera.

Naturalmente, el imputado que es condenado y no se le dice por qué, tiende a exigir que alguien le dé una explicación (la cual nadie le puede dar). Lo mismo ocurre con las víctimas o sus familiares, a quienes no sólo les imponen el juicio por jurados, sino que encima tienen que tolerar una absolución en que el jurado no les explica nada de nada.

Es muy normal ver a las víctimas o sus familiares devastados pidiendo que alguien les explique por qué el presunto violador, asesino o secuestrador ha sido absuelto. Pero, por supuesto, nunca jamás sabrán qué pasó verdaderamente por la mente de los jurados.

En síntesis, aunque los juradistas se esfuercen en negarlo, los jueces poseen mayor legitimidad democrática, técnica y racional.

La legitimidad democrática proviene de que los jueces son elegidos (a diferencia del jurado que surge al azar) por los representantes del pueblo (por el Senado y el Poder Ejecutivo, sea el Presidente o los Gobernadores de las provincias).

La legitimidad técnica de los jueces proviene de sus estudios, preparación, formación y experiencia en el derecho penal. A diferencia del jurado, que se caracteriza por la carencia de todo conocimiento, los jueces son profesionales en la ciencia de juzgar.

La legitimidad racional proviene del fallo fundado que brindan los jueces, que permite a cualquier ciudadano saber cómo ha juzgado el magistrado y por qué lo ha hecho de esa forma y no de otra. Esto permite evaluar la logicidad y racionalidad de su decisión, que es un presupuesto irrenunciable del Estado de Derecho. 

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