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| Sólo los jueces letrados garantizan el ideal liberal |
El juicio por jurados es una de las instituciones más antiliberales que amenaza a Occidente. Sin embargo, hemos podido apreciar —para nuestra sorpresa— que un sector del liberalismo actual sostiene y promueve tenazmente este sistema de juzgamiento.
En cierto punto tiene su explicación, ya que el modelo más moderno de constitucionalismo liberal proviene de EE.UU, que cuenta con este sistema de juzgamiento. Y a nadie se le escapa que la nación Argentina adaptó el sistema constitucional norteamericano. Pero no nos debemos equivocar: el juicio por jurado es —en la actualidad— absolutamente antiliberal.
El liberalismo es la corriente de ideología política más revolucionaria y civilizante de la historia de la humanidad. Es —en las palabras de José Ortega y Gasset— el principio de derecho político según el cual el poder público, no obstante ser omnipotente, se limita a sí mismo. Dentro de este esquema, el poder judicial cumple un rol preponderante en el control del poder absoluto.
El modo que hallaron los constitucionalistas deciochescos para evitar la subordinación de la justicia al gobierno, fue el sorteo de ciudadanos para cumplir con ese rol. Con el sistema del jurado no se procuraba la justicia de los fallos, sino la independencia respecto del poder político. El jurado podía fallar bien o mal, lo cual no interesaba tanto: lo importante era quitar el poder judicial de las manos del gobernante, limitando su omnipotencia.
El liberalismo, con todo, es un principio filosófico-político-moral que abreva del racionalismo. Si en sus inicios comulgó con los juicios por jurado es porque la ciencia penal del siglo dieciocho carecía del suficiente desarrollo como para quitar las resoluciones del ámbito de la arbitrariedad.
Un par de siglos más tarde, las cosas han cambiado por completo. La ciencia penal aporta claras directrices de las cuales no se puede apartar el juzgador. La mayoría de los casos que se ponen bajo el juzgamiento del juez, sólo tienen una única resolución posible. Ya no hay campo fertil para la arbitrariedad judicial. La ciencia penal hace que las sentencias sean predecibles y corregibles. El peligro de dependencia de los jueces al poder político se ha reemplazado por la absoluta subordinación de los jueces a la ciencia, que garantiza la independencia judicial.
¿De qué modo la ciencia penal garantiza la independencia judicial? Desenmascarando a los jueces adictos al poder. Un juez que se aparta de la ciencia penal para favorecer al poder, debe plasmar su decisión en una sentencia absurda que le deja inmediatamente al descubierto. En cambio, el jurado que falla porque sí, sin dar explicaciones, puede favorecer al poder con total impunidad.
La ventaja de los jueces letrados es evidente: el yugo de la ciencia penal no sólo los hace tanto o más independientes que el jurado (que puede estar comprometido con el poder por afinidad política), sino que además ingresa en la ecuación la justicia del fallo.
El jurado ofrece, en el mejor de los casos, independencia respecto del poder político, pero bajo ningún punto de vista proporciona fallos racionales y justos. El juez letrado, gracias a la ciencia penal, garantiza ambas cosas: independencia y justicia.
El liberalismo logra su cometido promoviendo la limitación del poder y, a la vez, la racionalidad del poder. Que en alguna época haya tenido que resignar racionalidad a cambio de independencia, no significa que la irracionalidad sea un propósito del liberalismo.
Tanto la independencia como la justicia son fundamentales para la filosofía liberal, y sólo los jueces letrados pueden —en la actualidad— cumplir acabadamente con la misión liberal. Dejar el juzgamiento en manos de un jurado, es dejar la justicia en manos de doce déspotas.
Muy buen artículo.
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